Durante años, la mutilación genital femenina se nombró en Colombia como si fuera una práctica lejana, propia de otros continentes. Esa distancia imaginaria se rompió en 2007, cuando la muerte de dos niñas emberá en Risaralda hizo visible una realidad que había permanecido bajo el silencio. Desde entonces, el país ha tenido que enfrentar una conversación difícil: cómo proteger de manera efectiva a las niñas sin convertir a los pueblos indígenas en objeto de señalamiento ni desconocer a las mujeres, parteras y autoridades que llevan años promoviendo el abandono de esta práctica dentro de sus propias comunidades.

Como ginecóloga, obstetra e intensivista, considero que el punto de partida debe ser inequívoco: ninguna tradición, creencia o expectativa social puede justificar una lesión irreversible sobre el cuerpo de una niña. Comprender el contexto cultural es indispensable para prevenir; usarlo para relativizar el daño es inaceptable.

La Organización Mundial de la Salud define la mutilación genital femenina como todo procedimiento que implique la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, u otra lesión de estos órganos, por razones no médicas. Incluye desde la resección del glande del clítoris o de los labios hasta la infibulación, así como punciones, incisiones, raspados o cauterizaciones. No ofrece ningún beneficio para la salud. Tampoco puede equipararse con la circuncisión masculina ni con una intervención genital solicitada libremente por una mujer adulta y realizada con indicación y consentimiento informados.

En el mundo, más de 230 millones de niñas y mujeres viven con sus consecuencias y muchas fueron sometidas antes de cumplir 15 años. Aproximadamente una de cada cuatro sobrevivientes sufrió el procedimiento a manos de personal sanitario. Este dato desmonta una idea peligrosa: la bata blanca, los guantes o la anestesia no convierten la mutilación en un acto seguro. La medicalización puede disminuir algunos riesgos inmediatos, pero mantiene la lesión, vulnera la ética profesional y presta legitimidad clínica a una práctica que debe desaparecer.

En Colombia, los registros disponibles muestran una afectación especialmente temprana. Datos del Instituto Nacional de Salud divulgados por UNFPA señalan 240 casos entre 2020 y el 5 de junio de 2026; el 88 % correspondió a niñas de 0 a 5 años y el 87 % a población indígena. Es necesario leer estas cifras con cuidado. Representan casos identificados, no la magnitud completa del problema. El secreto, las barreras geográficas y lingüísticas, el temor a la estigmatización y la falta de reconocimiento clínico favorecen el subregistro. También sería un error convertir la identidad emberá en una sospecha automática: la práctica no define a todo un pueblo y muchas de las voces más firmes contra ella han surgido precisamente de mujeres y autoridades indígenas.

La mutilación suele mantenerse por una red de presiones sociales. Puede presentarse como purificación, rito de paso, requisito para el matrimonio, garantía de fidelidad o forma de evitar el rechazo. Algunas familias creen que protegen a sus hijas al cumplir lo que su entorno espera. Entender ese mecanismo no significa aceptarlo. Permite identificar que el cambio no depende solo de informar a una madre de manera aislada, sino de transformar la norma colectiva que castiga a quien decide no repetir la práctica.

La ley abre la puerta pero no protege por sí sola

La sanción de la Ley 2609 de 2026, conocida como Ley Niñas sin Ablación, convirtió a Colombia en el primer país de América Latina y el Caribe con una legislación integral y específica para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina. Es un avance histórico porque reconoce que el problema exige mucho más que una declaración de rechazo. La norma ordena formular una política pública nacional, crear un comité con participación estatal y comunitaria, desarrollar rutas de prevención y protección, producir contenidos pedagógicos en las lenguas indígenas pertinentes y fortalecer los sistemas de información.

Para el sector salud, la obligación es concreta. El país debe contar con un protocolo que oriente la detección, el diagnóstico, la clasificación, el tratamiento, la remisión y el seguimiento. También debe capacitar al talento humano, con especial énfasis en el primer nivel de atención, donde puede aparecer la primera oportunidad de prevenir un caso o reconocer una complicación. Una consulta de crecimiento y desarrollo, una urgencia pediátrica, un control prenatal o la atención de un parto pueden ser el único contacto de una niña o una mujer con el sistema.

El texto final optó por un enfoque preventivo, sanitario, comunitario y protector, sin crear un delito autónomo ni una sanción penal específica. A mi juicio, esta decisión puede impedir que la respuesta del Estado se reduzca al castigo y empuje aún más la práctica hacia la clandestinidad. Pero una ley no punitiva no puede convertirse en una ley sin responsabilidad. Debe articularse con la protección integral de niñas y adolescentes, las normas sobre violencia de género y las rutas de acceso a la justicia cuando corresponda.

La mayor prueba será la implementación. La disponibilidad presupuestal no puede servir de excusa para dejar a los territorios sin equipos, intérpretes, capacitación ni capacidad de referencia. Tampoco bastará con contar talleres y piezas educativas. El país tendrá que medir si disminuyen los casos, si se detectan a tiempo, si las sobrevivientes reciben atención integral, si el registro mejora sin convertirse en persecución étnica y si las comunidades participan en las decisiones. Una ley histórica sin recursos, responsables ni indicadores corre el riesgo de convertirse en una conmemoración anual del mismo problema que prometió resolver.

La consulta médica puede proteger o volver a herir

El daño no termina cuando cicatriza la herida. Las complicaciones inmediatas incluyen dolor intenso, hemorragia, infección, lesión de tejidos vecinos, retención urinaria, choque y muerte. Con el tiempo pueden aparecer cicatrices, quistes, infecciones urinarias o vaginales recurrentes, alteraciones menstruales, dolor pélvico, dispareunia, disminución de la satisfacción sexual, infertilidad, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Durante el embarazo y el parto aumentan los riesgos de dificultad obstétrica, trauma perineal, hemorragia, cesárea, necesidad de reanimación neonatal y muerte perinatal, en especial en las formas más extensas.

Sin embargo, una lista de complicaciones no alcanza a describir lo ocurrido. La lesión comunica que el cuerpo de la niña pertenece primero a la norma colectiva y solo después a ella. Algunas mujeres no tendrán síntomas visibles; otras vivirán durante años con dolor, miedo o dificultades sexuales sin relacionarlos con la experiencia sufrida. La ausencia de una secuela evidente no vuelve inocuo el acto.

El encuentro con el sistema de salud puede ser una experiencia de protección o una nueva forma de violencia. No todas las pacientes dirán que fueron mutiladas. Pueden consultar por sangrado, disuria, infección, dolor, dispareunia, infertilidad, ansiedad o síntomas obstétricos. Por eso el personal debe saber qué observar y cómo preguntar. La atención exige privacidad, lenguaje comprensible, consentimiento y un enfoque sensible al trauma. El examen genital no debe repetirse por curiosidad docente ni realizarse sin indicación clínica. En niñas, toda actuación debe priorizar el interés superior y activar la ruta de protección correspondiente.

Los hallazgos deben registrarse con precisión clínica, sin expresiones estigmatizantes. Ante una complicación aguda, las prioridades son estabilizar, aliviar el dolor, controlar la hemorragia, tratar la infección y valorar lesiones urinarias o de tejidos adyacentes. Después debe ofrecerse lo que con frecuencia se omite: apoyo en salud mental, atención de la salud sexual, consejería, seguimiento y planificación obstétrica.

La guía de la OMS de 2025 recomienda la desinfibulación para mujeres con mutilación tipo III cuando está indicada, realizada por personal capacitado y precedida de consejería y consentimiento informado. También contempla intervenciones de salud mental y de salud sexual. La reconstrucción clitoriana puede considerarse en mujeres seleccionadas, con información clara sobre beneficios, riesgos y límites de la evidencia. El profesional nunca debe realizar mutilación, reinfibulación ni una supuesta versión mínima para satisfacer una presión familiar o comunitaria. Nuestro papel es cuidar, prevenir y acompañar, no ejecutar con mayor eficiencia una práctica dañina.

Interculturalidad que protege sin estigmatizar

A menudo se plantea una elección falsa entre respetar la cultura y proteger a la niña. Las culturas no son piezas inmóviles: dialogan, cambian y revisan sus prácticas. Las mujeres emberá que han trabajado por el abandono de la ablación no están renunciando a su identidad. Están afirmando que la cultura puede conservar la lengua, la memoria, la partería, el cuidado comunitario y la relación espiritual con el territorio sin conservar una lesión.

Una respuesta intercultural seria escucha a las sobrevivientes y reconoce la autoridad y los saberes de los pueblos indígenas. Garantiza traducción, incluye a parteras, mayores, hombres, jóvenes y autoridades, y construye soluciones desde el territorio. Al mismo tiempo, sostiene un límite claro: la pertenencia colectiva no puede anular los derechos de una niña a la integridad, la salud, la dignidad y una vida sexual y reproductiva libre de violencia.

Ese equilibrio también obliga a revisar nuestros propios sesgos. No sería coherente condenar la mutilación genital femenina mientras se toleran exámenes sin consentimiento, intervenciones obstétricas innecesarias, esterilizaciones forzadas u otras formas de control sobre los cuerpos de las mujeres. La ética que exigimos a las comunidades debe orientar igualmente la práctica médica.

Las recomendaciones de FIGO ofrecen una ruta útil para las sociedades científicas y los profesionales: fortalecer la formación, rechazar de forma expresa la medicalización, mejorar el manejo de las complicaciones, garantizar apoyo en salud mental, promover educación culturalmente pertinente y producir evidencia de mejor calidad. FECOLSOG y sus asociaciones federadas pueden contribuir con competencias mínimas para el personal, estándares de documentación, rutas obstétricas y formación continua. El conocimiento técnico debe llegar a los lugares donde ocurre la atención, no quedarse en los congresos.

Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad. Informar no significa exhibir a las niñas ni utilizar imágenes que conviertan a los pueblos indígenas en una curiosidad. El lenguaje puede visibilizar el daño sin deshumanizar a las comunidades. Y los hombres deben participar en la transformación: una norma social construida para controlar la sexualidad femenina no puede seguir recayendo únicamente sobre las mujeres.

Colombia ya dio el paso jurídico. Ahora debe demostrar que puede proteger sin estigmatizar, dialogar sin justificar la lesión y actuar antes de que una niña llegue a urgencias. La meta no es acumular leyes, talleres o informes. Es que ninguna familia sienta que debe elegir entre la seguridad de su hija y la aceptación de su comunidad; que ninguna mujer descubra durante el parto que una práctica sufrida en silencio condicionará su atención; y que ningún profesional pueda decir que no sabía qué preguntar, qué registrar o a quién acudir.

La tradición que merece permanecer es la que cuida la vida y fortalece a la comunidad. El cuerpo de una niña no es territorio de disciplina, intercambio ni negociación. Es suyo. Esa verdad debe orientar cada consulta, cada decisión pública y cada conversación comunitaria sobre la mutilación genital femenina.